Hipólito Mejía Domínguez Ex Presidente de la República Dominicana

Algunas precisiones con respecto al documento del CSIS.

Es entendible que el informe del programa Américas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales por sus siglas en Inglés (CSIS) levante ronchas y comentarios en alguna gente que intenta desconocer las verdades que contiene el documento.

El informe en cuestión, se limita a recoger los hechos que resultan del bien elaborado esquema de asalto a los poderes públicos, iniciado con la corrupción del régimen electoral dominicano y la instalación del más vulgar y deplorable sistema clientelista, ejecutado por Leonel Fernández en la búsqueda de su reelección en los comicios del 2008.

Fue en las elecciones de 2010 cuando se consumó el propósito de Leonel Fernández de controlar el Poder Legislativo a través del Congreso Nacional para desde allí imponer sus planes de reelección y el control del Consejo Nacional de la Magistratura, de donde emana el Poder Judicial.

Todas esas acciones fueron previas al debate público relacionado con la reforma Constitucional que posibilitó el asalto de los Tribunales Superiores.

En el momento en que se presenta la Reforma Constitucional, el PLD necesitaba el apoyo que le aportó el nefasto pacto de las corbatas azules, mediante el cual, Miguel Vargas, sumó los votos del PRD, para facilitar la maquiavélica trama de Leonel Fernández y así poner en manos del partido morado todos los poderes del Estado.

Esa concentración de poderes es la que ha hecho posible el insólito crecimiento de la corrupción en los gobiernos de Leonel Fernández. Y es, también, esa falta de voluntad para perseguir la corrupción y mantener vigente el estado de impunidad, uno de los mayores pecados del gobierno de Danilo Medina.

Otro elemento de esa trama ha sido atraer, en base a la repartición de prebendas de los fondos públicos, a algunos partidos minoritarios y no tan minoritarios como es el caso de un sector del Partido Reformista, que más que un aliado, ha sido prácticamente absorbido por el PLD en una deliberada política de anular la oposición.

Parte de ese propósito de liquidar toda posibilidad contestataria de los partidos, es el plan que ejecuta Leonel Fernández con el Partido Revolucionario Dominicano, a través del control que ejerce del Tribunal Superior Electoral, el cual ha impedido que el PRD aplique sus estatutos y realice una Convención democrática como corresponde en el presente año.

Para sustentar su política de clientelismo y compra de voluntades, con el antidemocrático propósito de impedir la expresión libérrima de los votantes, sólo en el año 2012 el gobierno de Leonel Fernández generó un déficit superior a los 200,000 millones de pesos, sin que las violaciones a la Ley de Gastos Públicos cometidas por Leonel Fernández hayan merecido la más mínima expresión de rechazo de los poderes públicos, porque todos ellos se encuentran en sus manos.

Además, el gobierno de Danilo Medina continúa la dañina política económica de Leonel Fernández caracterizada por la ejecución de un presupuesto deficitario, con endeudamiento irresponsable y despilfarro en el gasto corriente, empeorando así las condiciones de vida de la población.

Como una clara demostración del tráfico de influencias se destaca la formación de la Fundación Global y Desarrollo (FUNGLODE), cuyo capital inicial está conformado por un cheque de diez millones de pesos proveniente de los fondos de los ahorristas del Banco Intercontinental, por una parte, y por la otra, por aportes “voluntarios” de contratistas del Estado que tenían cuentas pendientes en el banco de favores gubernamentales.

Este déficit que acabamos de mencionar, junto a los déficits recurrentes de los años 2009, 2010 y 2011, ha dado como resultado un exagerado incremento de la deuda pública, el cual el gobierno ha intentado paliar con la ejecución de seis reformas fiscales que en lugar de contribuir a mejorar las finanzas del país, sólo han servido para el enriquecimiento de la corporación PLD, integrada por los principales dirigentes de ese partido, quienes han sustituido como “hombres de negocios” a los empresarios, comerciantes e industriales tradicionales.

Como resultado de esa política, tanto los organismos internacionales como los expertos locales, subrayan el pobre desempeño de los gobiernos del PLD, que se expresa en un incremento de la pobreza, una baja inversión pública en educación, salud y vivienda, una alta tasa de desempleo y la pérdida de competitividad de los sectores productivos. A todo esto se le añade el aumento incontrolable de la inseguridad ciudadana.

El manejo y abuso de los poderes públicos se manifiesta en un sainete judicial que se ha repetido con el mismo molde en todos los casos de negación de justicia, tales como el encaminado por el Dr. Guillermo Moreno, donde se proclama la triste decisión de que FUNGLODE tuvo un nacimiento pulcro y legal, a pesar de las abundantes evidencias a contrario; es oportuno mencionar la infausta decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso de la Sun Land, cuyo presidente de entonces, el Dr. Jorge Subero Isa, declaró recientemente, de manera voluntaria, que esa sentencia fue de “tipo político”, lo que pone de manifiesto la reiterada interferencia de los gobiernos del PLD en las decisiones de esa corte.

La impunidad se ejerce con tal descaro que el Ministerio Público se negó a investigar algo que es Vox Populi: el turbio origen de FUNGLODE.

La trama puesta en práctica por Leonel Fernández y el PLD, de apoderarse de los poderes públicos, subyugar la democracia y eliminar todo ejercicio de oposición efectiva, nos lleva a concluir que estamos frente a una franca vocación absolutista, aunque esta vez, se le imprima el carácter de dictadura constitucional.

19 de noviembre de 2013