OJOS CON LOS JUECES Y JUEZAS INTERINA EN BARAHONA. DA PENA LO QUE SE VE EN LOS PASILLO DEL TRIBUNAL

La justicia dominicana continúa siendo corrompida aunque se han logrado avances significativos en los últimos años pero pero aun así persisten fallas graves en las áreas penal, contenciosa administrativa y en la jurisdicción inmobiliaria que obligan a mayores esfuerzos para lograr acercarla a la ciudadanía común, que se queja de la falta de acceso por los el alto costo que tienen los procesos. 

Esta inaccesibilidad deriva, y no puede esper
arse otra cosa, la desconfianza generalizada en el sistema judicial dominicano. 

Así lo reconoció el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, que  dio a conocer los resultados de un estudio sobre la percepción que tienen del sistema judicial los propios jueces, empleados judiciales y abogados. Aplicado a un universo de 1,500 personas, el estudio tiene por finalidad última aplicar los correctivos que transformen la justicia en una equitativa y de fácil acceso. 

Otro factor de preocupación identificado por el estudio es el incumplimiento de los plazos, producto de un diseño defectuoso de algunos procedimientos, así como de la gestión inadecuada del aplazamiento de los procesos. 

Insatisfecha está también, y es la opinión mayoritaria de los encuestados, la obligación del Poder Judicial de exigir a fiscales y policías el cumplimiento de los parámetros y límites que señalan la ley, la Constitución y tratados internacionales, explicando Mejía que no es posible construir eficiencia sin controles estrictos que garanticen el respeto de los derechos del procesado. 

Sin embargo, Germán Mejía calificó de punto luminoso el reconocimiento de la mayoría de los encuestados a la efectividad de la respuesta ofrecida por el sistema al crimen organizado. Ahora, admite, el Ministerio Público y la policía documentan debidamente los expedientes y son notorios los esfuerzos por sensibilizar a los jueces en el tema de la violencia de género. 

El estudio Fortalecimiento de las capacidades de gestión cooperativa y planificación estratégica del Poder Judicial, es el resultado de un acuerdo firmado en mayo del 2012 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Suprema Corte de Justicia. 

El mismo contó con el apoyo técnico del PNUD cuya titular, Valerie Julliand, dijo hoy que la evaluación partió del interés en saber qué se tiene y hacia dónde ir, con la previa aceptación de las críticas, conforme la percepción
de los usuarios de la justicia e incluso de aquellos que no lo han sido nunca, así como de los operadores del sistema. 

"Queríamos tener una idea detallada de esas percepciones, quiénes somos y de cómo las personas nos ven. La lectura de la encuesta no permite ahora saber hacia dónde ir, qué tipo de políticas es necesario modificar y cómo mejorar el sistema de justicia", expresó la funcionaria extranjera. 

Julliand expresó su confianza en que la SCJ sabrá utilizar los datos derivados de la investigación para que, en un futuro no muy lejano, el país cuente con un sistema judicial más justo y eficiente.