WASHINGTON, Estados Unidos (Cristina García Casado/EFE).-
Santo Domingo, la capital de República Dominicana, acogerá en una semana la Asamblea General anual de la Organización de Estados Americanos (OEA) en uno de sus momentos más convulsos de los últimos años, con Venezuela en crisis y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al borde del
Cuando hace un año República Dominicana se ofreció a ser sede de la Asamblea en 2016 la OEA estaba en un momento muy diferente: empezaba la etapa de un nuevo secretario general, Luis Almagro, con armonía y promesas de renovación para ganar relevancia frente a otras alianzas regionales en ascenso, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Doce meses después, la OEA no ha cambiado apenas, como pudo comprobarse en la larga y farragosa sesión de este miércoles, pero sí lo ha hecho su Secretaría General: Almagro ha demostrado ser un líder atípico dispuesto a posicionarse con contundencia sobre los asuntos más divisores del continente, como la crisis de Venezuela o el proceso de destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
La iniciativa y el empuje de Almagro ha puesto en una situación incómoda a los Estados miembros, acostumbrados a la cautela diplomática y al perfil bajo en los que la organización ha estado instalada durante años.
Las últimas Asambleas Generales, salvo la que en 2009 anuló la expulsión de Cuba, han sido el paradigma de una OEA de formalidades y declaraciones abstractas que salvo contadas excepciones no han pasado del papel.
Sin embargo, todo apunta a que la reunión de este año en Santo Domingo estará lejos de ser una balsa de aceite: llega en pleno debate sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, lo que podría llevar a su suspensión del ente, y con la CIDH en la peor crisis financiera de su historia.
“Se quiera o no se quiera, el tema (de Venezuela) va a formar parte de la agenda de la Asamblea, por lo menos de la informal (…). No se puede descontextualizar tanto la Asamblea respecto a los temas mas urgentes del continente, esa realidad va a estar, se haga el Consejo antes o después”, dijo Almagro este viernes en una entrevista con Efe en Washington.
El jefe de la OEA, con su invocación del artículo 20 de la Carta, pidió este martes una sesión extraordinaria del Consejo Permanente entre los días 10 y 20 de junio para votar si se prosigue con el proceso gradual de la Carta, que puede llevar a gestiones diplomáticas, a la convocatoria urgente de una reunión de cancilleres y, en último lugar, a la suspensión de Venezuela del ente.
La presidencia de turno argentina del Consejo aún no ha dado respuesta a esa solicitud, pero Almagro quiere que esa sesión se convoque “cuanto antes mejor”, es decir, antes de la Asamblea General anual que se celebrará entre el 13 y 15 de junio en Santo Domingo y cuyo tema oficial es el fortalecimiento institucional.
Fuentes diplomáticas de varias misiones ante la OEA comentaron a Efe que el sentir mayoritario es que el Consejo de la Carta Democrática se celebre después de la reunión de Santo Domingo, para que esta no quede marcada solo por Venezuela y para que los cancilleres puedan abordar el tema en las sesiones privadas del encuentro.
Por otro lado, la Asamblea deberá dar respuesta al llamado de la plana mayor de la CIDH, el órgano autónomo de la OEA para la defensa de los derechos humanos, que necesita fondos urgentes de los Estados para superar su crisis.
La Comisión, el último recurso de miles de personas en América para obtener justicia y protección, tendrá que despedir al 40 % de su personal a finales de julio y suspender labores clave si no recibe antes del 15 de junio -día en que termina la Asamblea- los alrededor de dos millones de dólares que le faltan este año para poder cumplir mínimamente con sus funciones.
Líderes y trabajadores de la Comisión temen que algunos países de la OEA aprovechen su grave crisis financiera para intentar debilitarla y restarle atribuciones, después de que México, Chile, Argentina y Guatemala secundaran en mayo críticas a su gestión, transparencia e imparcialidad que hasta ahora habían provenido de las naciones de la Alianza Bolivariana, sobre todo Venezuela y Ecuador.
La Comisión es el elemento de mayor prestigio internacional de la OEA, junto a las misiones de observación electoral, y en su defensa han salido más de 300 organizaciones de derechos humanos del continente, además de la internacional Human Rights Watch.
Por el momento ni la crisis de Venezuela ni la de la CIDH están incluidas en la agenda oficial de la Asamblea de Santo Domingo, pero al respecto Almagro fue categórico este viernes en su entrevista con Efe: “No se entendería que no se hablara de estos temas” en la cita anual de máximo nivel de la organización, donde participan los 34 cancilleres.
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