Los escándalos de corrupción que rodean a la empresa constructora brasileña Odebrecht han alcanzado a las esferas políticas de varios países de América Latina. Sepa de qué manera operaba es
El reconocimiento de la acción delictiva de Odebrecht ante la Justicia estadounidense desencadenó un efecto dominó: se han iniciado investigaciones judiciales que hasta el momento han llevado tras las rejas a funcionarios de Brasil, Colombia y Perú. Existen sospechosos en Argentina, mientras que el Gobierno de Ecuador ha asumido el compromiso de investigar a fondo el caso.
Colombia. Hay dos personas en prisión por haber presuntamente recibido dinero de la compañía brasileña para la adjudicación de las obras de la Ruta del Sol, el eje vial que une Bogotá con la costa atlántica.
Esta ruta es una de las obras de infraestructura más grande del país. A lo largo de más de 500 kilómetros proyectados, esta carretera de doble calzada conecta la capital con ciudades como Barranquilla y Cartagena.
Perú. La Justicia de este país ya tiene su primer preso por un caso vinculado a la constructora brasileña. Se trata de Edwin Luyo, el expresidente del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, quien fue capturado el domingo 22 de enero. Odebrecht admitió haber pagado 8,1 millones de dólares para conseguir esta obra, de los cuales Luyo habría recibido al menos medio millón a través de sociedades offshore.
Argentina. En Argentina, “hay datos importantes” en los “testimonios de los 77 arrepentidos” de la operación Lava Jato, según dijo al diario Perfil el jefe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de Argentina (PIA), Sergio Rodríguez. La PIA ha pedido a las autoridades brasileñas la información completa para poder actuar con más elementos a la vista.
El caso más resonante es el del actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. Según una investigación periodística del diario La Nación, el funcionario y exempresario deportivo habría recibido casi 600.000 dólares en varias transferencias a cuentas en Suiza por parte de Leonardo Meirelles, uno de los delatores que confesó haber enviado fondos en el entramado implementado por Odebrecht.
Ecuador. El presidente Rafael Correa ha sido contundente en sus declaraciones contra la acción de Odebrecht en su país: aseguró que la corrupción “no quedará en la impunidad” y que está siguiendo “personalmente” la investigación.
El Gobierno ecuatoriano enviará delegaciones de alto nivel a Brasil y a Estados Unidos para obtener información que permita actuar contra los funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción.
Desde la llegada de Correa al mando en 2007 y tras varios incumplimientos contractuales de Odebrecht, Ecuador canceló las operaciones de la firma brasileña en el país —algunas datan de 1987, durante la administración socialcristiana— y suspendió cuatro proyectos en los que hubo cuestionamientos por los costos, según reportó El Telégrafo.
Luego Odebrecht volvió al país y ahora solo participa en la construcción del metro de Quito. Tras las revelaciones de la justicia de EEUU, se suspendió nuevamente la operación de la firma.
República Dominicana. En República Dominicana no ha sido procesado hasta el momento funcionario o exfuncionario alguno. Son desconocidas las identidades de quienes habrían recibido los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Mientras la gran mayoría de los países de la región tendrán que esperar casi cuatro meses para obtener informaciones sobre los beneficiados con los sobornos pagados por Odebrecht, República Dominicana las tendrá a más tardar en 60 días a contar del primero de marzo próximo, informó ayer el procurador general, Jean Rodríguez.
El funcionario regresó ayer de Brasilia donde, al igual que los procuradores o fiscales de los 12 países latinoamericanos afectados, sostuvo encuentros con las autoridades que investigan el caso Odebcreht en Brasil. Dijo que la República Dominicana tendrá ese privilegio gracias al acuerdo que firmó con Odebrecht en el país, el cual está pendiente de validación en la Coordinación de los Juzgados de Instrucción que dirige el magistrado Alejandro Vargas, y quien informó dará su fallo el primero de marzo.
“Desde que el juez emita su decisión sobre homologación, que ya está pautada para la semana que viene, (los ejecutivos de Odebrecht en el país) tienen que entregarnos toda la información antes de que pasen 60 días, o de lo contrario no hay acuerdo”, subrayó el procurador.
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