SAO PAULO, Brasil — La debilitada economía brasileña está sufriendo una hemorragia en la que se pierden miles de trabajos al día: los estados hacen malabares para pagar a la policía y a los maestros y el dinero para el subsidio de comidas es tan escaso que un legislador sugirió que los pobres podrían “no comer todos los días”.
Pero no todos están sufriendo. Los funcionarios civiles de la rama judicial disfrutan de un aumento de 41 por ciento de su sueldo. Los legisladores de São Paulo, la ciudad más grande de Brasil, votaron para incrementarse el salario en más de 26 por ciento. Y el congreso, el cual está preparando un recorte de los beneficios para la jubilación en todo el país, ahora está permitiendo que sus miembros se retiren con pensiones vitalicias después de haber ocupado sus escaños tan solo durante dos años.
Brasil está luchando para salir de su peor crisis económica en décadas, y el presidente Michel Temer dice que para lograrlo, el país necesita contener el gasto público.
No obstante, la desastrosa popularidad del presidente no mejoró en lo absoluto con el ostentoso banquete pagado con dinero de los contribuyentes —donde 300 invitados disfrutaron de camarones y filetes mignon—, que ofreció para persuadir a los miembros del congreso de que aprobaran sus recortes.
“Este gobierno habla de austeridad para todos pero, claro, impone el costo a las personas más vulnerables de la sociedad”, opinó Giovana Santos Pereira, una profesora de 25 años. “Es tan ridículo que es trágico”.
Gran parte de la frustración tiene que ver con la principal medida de austeridad que busca impulsar Temer: convencer a un congreso plagado de escándalos de que imponga un límite al gasto federal durante los próximos 20 años.
Temer, que llegó al poder el año pasado después de apoyar el juicio político contra su predecesora, Dilma Rousseff, señala que el límite es necesario para reducir los déficits de un presupuesto elevado, y que con esta medida detendrían el aumento del gasto, el cual va al ritmo de la inflación.
Los inversionistas han aplaudido la medida y la han llamado un punto de inflexión para la economía más grande de América Latina. Sin embargo, las críticas aumentan, pues varios dicen que podría afectar a los más pobres durante décadas, en especial en áreas como la educación. Philip Alston, el Relator Especial de la Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, señaló que el límite en el gasto pondría a Brasil “en una categoría única de regresión social”.
El debate es aún más delicado porque el gobierno de Temer se resiste a elevar los impuestos a los brasileños más ricos, que siguen disfrutando de lo que algunos economistas describen como uno de los sistemas tributarios más generosos para los adinerados entre las economías más grandes del mundo.
Los brasileños, por ejemplo, están exentos de pagar impuestos sobre los dividendos de sus participaciones accionarias y pueden usar vacíos legales con facilidad para reducir de manera importante el pago de impuestos en otras fuentes de ingresos.
Los economistas del Instituto de Investigación de Economía Aplicada, una instancia gubernamental, aseguran que un estudio de 2016 reveló que un impuesto del 15 por ciento a los dividendos podría generar casi 17 mil millones de dólares al año en recaudo, pero estas propuestas no han logrado insertarse en un gobierno que ha estado virando hacia la derecha.
“El sistema está diseñado para perpetuar la desigualdad, y Temer está insistiendo en que Brasil necesita medidas de austeridad como las de Grecia”, dijo Pedro Paulo Zahluth Bastos, economista de la Universidad de Campinas, al trazar un paralelismo entre la recesión que ha sufrido Brasil durante años y la crisis económica aparentemente interminable de los griegos.
Temer no ha sido un presidente popular y su índice de aprobación está apenas debajo del 10 por ciento. Pero sus simpatizantes señalan que su predecesora, Rousseff, buscó aplicar sus propias medidas de austeridad antes de que la destituyeran el año pasado. También mencionan que el gobierno de Temer ha prometido mantener algunos de los programas más populares antipobreza que hace algunos años desarrolló el partido de Rousseff, de tendencias de izquierda.
Y es posible ver algunas señales prometedoras de recuperación. Ha aumentado la inversión extranjera y, después de un pésimo desempeño, la bolsa de valores de Brasil fue una de las mejores en el mundo durante 2016, lo cual creó un beneficio imprevisto para los brasileños relativamente prósperos que pusieron su dinero en participaciones accionarias. Temer es especialmente optimista, pues predijo que la economía crecería 3 por ciento el próximo año.
Pero las condiciones en las calles de las ciudades a lo largo y ancho de Brasil cuentan una historia diferente: una de retos estructurales, complejos y terribles que permiten que millones de brasileños caigan en la pobreza.
Río de Janeiro, anfitrión de los juegos olímpicos en agosto de 2016, es una vitrina de las complejidades que enfrentan los estados en Brasil. En un esfuerzo desesperado por cortar de tajo los déficits, las autoridades de Río están cerrando cafeterias que daban comidas subsidiadas a la gente pobre, están aumentando los impuestos en el servicio eléctrico residencial y están eliminando programas de asistencia social para los residentes más pobres del estado.
No obstante, el gobernador de Río, como sus homólogos de otros estados brasileños, disfruta de volar por todo el país en un jet privado. Y los jueces de Río, los cuales de por sí tienen un buen salario, planeaban gastar millones de dólares en la contratación de nuevo personal para sus despachos, hasta que el público se enteró del plan. La indignación obligó a los jueces a desechar la idea.
Mientras muchas de las personas más pobres y de clase media de Brasil absorben el embate de las políticas de austeridad, la prolongada desaceleración económica y un despliegue vertiginoso de escándalos de corrupción están alimentando un sentimiento en contra del sistema de cara a las elecciones presidenciales de 2018, lo cual allana el camino para el surgimiento de personajes no convencionales.
Hay algunos políticos que están inquietos porque Jair Bolsonaro, un representante ultranacionalista del congreso que lanza vituperios en contra de los inmigrantes y defiende la tortura a los narcotraficantes, tiene mucho mejor desempeño en las encuestas que contendientes tradicionales como Aécio Neves, un senador del Partido de la Socialdemocracia Brasileña.
Según un sondeo del mes pasado que realizó MDA, una empresa encuestadora, solo 1 por ciento de los encuestados respondió que votaría por Temer, lo cual refleja la pésima posición en la que se encuentra el presidente actual. Y tal vez ni siquiera importe, ya que la acusación de que Temer rebasó los límites del presupuesto de campaña podría inhabilitarlo para ser candidato. Su popularidad sufrió un nuevo revés en días recientes después de que su gobierno gastara miles de dólares en la renovación de la lujosa residencia presidencial, solo para que Temer se mudara con su familia a otro palacio de gobierno en Brasilia.
La encuesta se realizó del 8 al 11 de febrero por medio de entrevistas a 2002 personas, con un margen de error de más o menos 2,2 puntos porcentuales. También mostró que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva podría tener éxito como candidato.
No obstante da Silva, un político de izquierda que ha reprobado las medidas de austeridad de Temer, también podría ser inelegible si lo condenan por cargos de corrupción relacionados a sus lazos con las empresas constructoras que obtuvieron beneficios en los contratos públicos.
Con el volátil panorama político y la economía debilitada, la desesperanza se siente entre muchos brasileños.
En diciembre, Ana Cristina Silva, de 49 años, perdió el trabajo que tenía en una empresa que ensambla mobiliario ubicada en Porto Alegre, al sur de Brasil.
En diciembre, Ana Cristina Silva, de 49 años, perdió el trabajo que tenía en una empresa que ensambla mobiliario ubicada en Porto Alegre, al sur de Brasil.
“Solo piensan en ellos mismos”, sentenció Silva al referirse al gobierno de Temer y expresó su indignación por el aumento de salario de algunos servidores públicos mientras la gran mayoría del país no tiene futuro certero. “Es absurdo. El aumento va para quien no lo necesita”.
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