Santo Domingo.- Ha provocado reacciones una información periodística que da cuenta de que una evaluación realizada por la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral (JCE) determinó que no están aptos para ser usados en procesos futuros los equipos para la automatización del registro de concurrentes y conteo de votos utilizados en las pasadas elecciones.
Esta situación se estaría registrando a pesar de que el Estado invirtió US$39.7 millones en la compra de los mismos.
Según publicó este martes el periódico Diario Libre, dicha evaluación estableció que el desempeño de dichos equipos fue muy pobre, ya que un 36% de los colegios electorales no transmitió ningún dato y aproximadamente el 58% de las relaciones de votación del nivel C1 (voto preferencial) fueron procesadas de forma manual.
FALPO pide sometan ex jueces a la Justicia
Sobre este caso, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) solicitó a la Procuraduría General de la República que someta a la Justicia al expresidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, y a los demás ex jueces electorales.
“Sabemos el desastre que significó la transmisión de resultados por parte de esos escáneres, la inmensa mayoría no funcionó o no tenían señal, además fueron comprados a un elevado costo que tuvo que pagar el Estado dominicano por unos aparatos que hoy día están inservibles”, expresó Grabiel Sánchez, vocero nacional del Falpo.
Consideró que, aunque hay varios estamentos implicados en la aprobación de esta compra, como la Comisión de Veedores y los funcionarios administrativos que dieron su visto bueno a dicha operación, la mayor cuota de responsabilidad recae sobre el Pleno de la JCE que conoció y aprobó ese contrato “con una empresa mafiosa como INDRA”.
La empresa INDRA, quien suministro los escáneres, fue investigada en España por corrupción y financiación de campaña de forma irregular al Partido Popular (PP), según dice el FALPO.
PRSC exige Cámara de Cuentas y Contraloría investiguen
El Bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) pidió a la Cámara de Cuentas, que investigue la compra de los citados equipos.
Máximo Castro Silverio y Pedro Botello, vocero y vice-vocero del PRSC, respectivamente, pidieron la intervención de la Cámara de Cuentas, así como al Contralor de la República, una investigación a la pasada gestión de la JCE.
Para Botello, el expresidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, debería estar preso por el abuso en que, a su juicio, cometió al embarcar al país a pagar más de 2 mil 500 millones de pesos por la compra de los equipos.
“La Cámara de Cuentas y contraloría, deben investigar eso porque éste congreso, es amarillista y no lo va hacer, pero que se investiguen las circunstancias de como se hizo la transacción”, indicó.
Castro Silverio dijo; “Yo creo que debería hacerse una investigación porque no fue un vaso desechable hay que chequear a haber que lo que se compró, que tipo de contrato fue que se hizo”.
Expresó que la Cámara de Cuentas, es la responsable de decirle al país que fue lo que se hizo con ese contrato.
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