Santo Domingo.- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini dijo que resulta posible la candidatura presidencial del nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo,
Luis José Ramfis Domínguez Trujillo, tras ser permisiva por la Constitución dominicana.
Potentini externo estas consideraciones en el entendido de que, el artículo 20 de la constitución, admite la doble nacionalidad y establece para los dominicanos de origen, como es el caso ocurrente, el renunciar a su primera nacionalidad por derecho de nacimiento (la norteamericana) y posteriormente residir durante 10 años, previo a la candidatura en la República Dominicana, condiciones que hasta el momento no tenemos conocimiento o evidencias que así lo acrediten.
Justicia y Transparencia anuncia panel sobre el Contexto Legal, Constitucional y Político de las Primarias Abiertas y Cerradas.
Asimismo, la entidad de sociedad civil anuncio la celebración el próximo martes 12 de diciembre, a las 6 de la tarde, en la sala de conferencia de la fundación, un panel de expertos sobre el contexto legal, constitucional y político de las primarias abiertas y cerradas, con la participación de los juristas y politólogos, expertos en la materia, José Alejandro Ayuso, Julio Cury, Freddy Ángel Castro y Daniel Pou, quienes abordaran el alcance y efectos del artículo 277 de la constitución y la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que declaró la nulidad de la Ley 286-04, el derecho a elegir y ser elegible, la libertad de asociación, el rol de los partidos políticos como órganos constitucionales y su democracia interna (artículo 216), la democracia directa o participativa, la pugna entre grupos políticos a lo interno del PLD, los efectos la discusión en el sistema de partidos políticos; entre otros temas y consideraciones.
Pide ampliar y democratizar la matricula del Consejo Nacional de la Magistratura y dotar al Procurador General de la República de total independencia.
En otro orden, Potentini favoreció modificar la constitución de la República, con el objetivo de ampliar y democratizar la matricula del Consejo Nacional de la Magistratura, con la participación del Colegio de Abogados, el presidente del Tribunal Constitucional y otros miembros provenientes de las universidades, además de dotar al Ministerio Público de real independencia y autonomía. En fin, procurar un equilibrio que institucionalice la escogencia de los miembros de las altas cortes, libres de cuestionamientos y contaminación política.
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