Santo Domingo. – La autoridad de la Junta Central Electoral (JCE) podría quedar cuestionada de cara a las elecciones del 2020 ante la posible inaplicabilidad o ilegalidad de la resolución 12-2018 que prohíbe actividades proselitistas a destiempo y si finalmente se aprueba la ley de partidos políticos y recae en ese organismo la responsabilidad de organizar las primarias para escoger los candidatos de los partidos políticos.
Aunque la esencia de la medida del organismo comicial de limitar el tiempo de las campañas electorales no ha recibido el rechazo de ningún sector o dirigente político, la JCE ha sido acusada de desbordar los límites de su competencia reglamentaria y de haber tomado la decisión sin previa consulta con los partidos.
En enero de este año la JCE se reunió con los presidentes de 21 partidos políticos, incluido Leonel Fernández, presidente del PLD, quienes se comprometieron a apoyar la JCE para que reglamente la campaña electoral en caso de que no se apruebe la ley de partidos y la modificación a la ley 275-97.
Recientemente, el pleno de la JCE conoció una solicitud del presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, para que emita un reglamento de campaña electoral que abarque además del tiempo, el gasto y acceso a los medios de comunicación y la respuesta del organismo fue que la solicitud es extemporánea.
La legalidad y aplicabilidad de la resolución 12-2018 del organismo electoral ha sido cuestionada por juristas como el expresidente Fernández, Emmanuel Esquea Guerrero, Vinicio (Vinicito) Castillo, Namphi Rodríguez y el expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario.
Coinciden en que la JCE se extralimitó al emitir una medida que carece de fundamento legal y violaría derechos fundamentales. Igualmente, cuestionan la decisión de la JCE de pedir el apoyo para aplicar la decisión de instituciones públicas como Interior y Policía, las alcaldías y gobernaciones provinciales. Sin embargo, abogados como Cristóbal Rodríguez y Carlos Salcedo; el expresidente Hipólito Mejía; los exmiembros de la JCE José Ángel Aquino y Eddy Olivares; entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Justicia y Transparencia y Participación Ciudadana han defendido la legalidad de la medida y dado su respaldo.
No es la primera vez que la JCE intenta regular la campaña electoral a través de reglamentos, pero no ha tenido éxito debido a la ausencia de un marco legal que respalde la medida. En el 2007 fue la primera vez que el organismo intentó hacerlo y tuvo que dejar sin efecto la propuesta y lo propio ocurrió en el 2012, 2014 y 2016. Los alegatos de la JCE para desestimar esas propuestas es la falta de un marco legal y la violación a los derechos fundamentales como la libertad de asociación y de tránsito.
Amén de las consideraciones jurídicas y del apoyo que ha recibido el organismo con su intención de limitar los tiempos de la campaña electoral, con el paso del tiempo esa medida corre el riesgo de quedar en el olvido porque la JCE no cuenta con los mecanismos de operatividad que le permitan su aplicación.
Primarias para JCE, otro peligro
Entre los aspectos en que han coincidido todos los sectores políticos es que la JCE arbitre las primarias de los partidos políticos supuestamente porque las organizaciones no tienen árbitros calificados para el montaje de esas votaciones.
Sobre esa propuesta, el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, ha advertido que pondría en riesgo la credibilidad del organismo. “Eso es riesgoso para la Junta porque generalmente se presentan inconformidades y cuando comiencen a cuestionar los procesos internos es a la Junta a la que van a cuestionar”, expresó. Insistió que someter a la JCE a esa prueba meses antes de las elecciones “es riesgoso”.
Las primarias en los partidos siempre han sido fuente de los mayores enfrentamientos internos y causas de división de los partidos. Hasta el 2016 en el país existían tres partidos mayoritarios, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Revolucionario Dominicano (PRD) y el Reformista Social Cristiano (PRSC). Con la excepción del PLD, todos esos partidos se han dividido por conflictos de grupos que hacen ebullición en los procesos de primarias.
El origen de la división del PRD fue la convención del 2011 en la que el expresidente Hipólito Mejía venció a Miguel Vargas en unas votaciones que se hicieron con el padrón semiabierto.
El PRSC también se dividió en el proceso electoral del 2004 y el 2008 por las diferencias entre los grupos en pugna por el resultado de las primarias.
Otras fallas
Al inicio de la actual gestión, el pleno emitió una resolución que varió el criterio para el orden de los partidos políticos en la boleta, lo que fue cuestionado por varias organizaciones que acudieron al Tribunal Superior Electoral.
Finalmente, el TSE acogió un recurso que interpuso Alianza País y dejó sin efecto la decisión de la JCE para que el orden en la boleta se establezca por un promedio de la votación alcanzada por los partidos en los tres niveles de elección y no del presidencial como había sido aprobado.
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