Santo Domingo. – Según expertos, la candidatura del expresidente presidencial de Luiz inacio Lula de Silva, quien a pesar de su encarcelamiento había anunciado sus pretensiones políticas, se encuentra en peligro.
El partido registró la candidatura de Lula con gran alarde el miércoles, a pesar de que está condenado por corrupción y lavado de dinero. La sentencia fue ratificada en enero por una corte de apelaciones y la ley brasileña inhabilita a las personas con sentencia confirmada a ejercer la función pública durante ocho años.
Sin embargo, esos candidatos no tienen prohibido hacer campaña. El Tribunal Supremo Electoral debe aceptar o rechazar la candidatura de Lula.
Hasta tanto se expida el tribunal, Lula tiene libertad para hacer campaña y recibir los beneficios que conlleva el estar registrado, tales como los spots televisivos gratuitos. Aunque la cárcel le impide aprovechar totalmente esos beneficios, da Silva encabeza las encuestas por amplio margen.
“El hecho de no poder ser candidato no impide que uno trate de ser candidato”, dijo Daniel Falcao, profesor de derecho electoral en el Instituto de Derecho Público de Brasilia. “La ley electoral dice que cuando una persona se registra, es candidato, normalmente hasta el día en que las autoridades electorales dicen que no puede ser candidato”.
Según los expertos, es casi seguro que el tribunal electoral rechazará la candidatura de Lula tal como está, pero sus seguidores esperan una sentencia favorable en las cortes penales mientras las autoridades electorales estudian el caso. El Superior Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal _la segunda corte y la corte más alta del país, respectivamente_ podrían revocar o suspender su condena.
Da Silva y sus seguidores dicen que es una posibilidad real. Siempre han dicho que los cargos en su contra _hacerle favores a una empresa de la construcción a cambio de un apartamento frente a la playa_ fueron fraguados precisamente para impedirle regresar al palacio presidencial.
La persecución judicial, dicen, es impulsada por una conspiración para revertir los logros de su presidencia, una época de boom económico cuyos frutos fueron compartidos por los pobres y las clases trabajadoras.
“Por ahora nos interesa garantizar la soberanía popular”, dijo el exalcalde paulista Fernando Haddad, registrado como candidato a vice en la fórmula de Lula. “Y la gente quiere que Lula aparezca en la boleta”.
Pero el Partido de los Trabajadores no puede dejar de prestar atención al reloj. El plazo para reemplazar a Lula si es vedado vence el 17 de septiembre. Haddad probablemente sería el candidato. La primera ronda es el 7 de octubre.
Aunque todas las miradas se dirigen al Tribunal Supremo Electoral, su margen de maniobra real es muy escaso, dicen los expertos.
“Si no consigue (la absolución de una corte superior), la corte electoral tiene que decidir que está inhabilitado”, dijo Carolina Cleve, profesora de derecho constitucional y electoral en la Universidad Autónoma Centro de Brasil. “Es un criterio objetivo”.
Según el Partido de los Trabajadores, aunque la corte electoral rechace su candidatura deberían permitirle hacer campaña porque le queda un recurso: la apelación al Supremo Tribunal Federal.
El partido ha identificado a decenas de candidatos a alcaldías a los que se permitió hacer campaña a pesar del rechazo de sus candidaturas. Pero esos casos empiezan en los tribunales inferiores, mientras que el de los presidenciales va directo al supremo.
Por tanto, es cierto que se permite a los candidatos seguir en campaña después del rechazo de un tribunal inferior, dijo Marilda Silveira, experta en derecho electoral del Instituto de Derecho Público de Sao Paulo.
Pero el criterio aceptado es que una decisión del Tribunal Supremo Electoral es de aplicación inmediata precisamente porque es el supremo.
La posición del Partido de los Trabajadores, dijo Silveira, es que “puede seguir en campaña hasta que decida el Supremo Tribunal Federal porque consideran que habrá una decisión preliminar de suspender la condena”.
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