Por Robert Vargas
La noche del pasado miércoles, el Director de Comunicaciones de la Fiscalía de Santo Domingo Este, Erick Montilla, informó a los periodistas que las autoridades se habían incautado ese día de “alrededor de medio centenar” de máquinas tragamonedas y arrestado a “22 hombres”, todos relacionados con esos aparatos instalados ilegalmente en distintos negocios.
Agregó que “los apresados son 22 hombres que serán multados y sometidos a los tribunales en las próximas horas”.Él dijo que los aparatos y los arrestos se produjeron durante una acción encabezada por el Fiscal Milcíades Guzmán Leonardo quien “encabezó esta noche la destrucción de alrededor de medio centenar de máquinas tragamonedas incautadas este mismo día en distintos colmados cafeterías de barrios de este municipio”.
Hasta ahí todo parece estar bastante claro, pero una observación un poco más de cerca de lo dicho, para compararlo con lo hecho, provoca algunas interrogantes que, al menos a Ciudad Oriental no le pasan por alto.
Como se trató del arresto de “22 hombres”, era de suponer que estos serían presentados ayer jueves ante un tribunal de atención permanente para que le fueran conocidas medidas de coerción.
O que sean llevados hoy, viernes al “furgón” donde funciona un tribunal de atención que deberá decidir si estos individuos son liberados bajo fianza, enviados a prisión o se la aplica cualquier otra medida de coerción o, sencillamente, puestos en libertad.
El problema es que no fue posible confirmar que los “22 hombres”, estaban detenidos en la cárcel de la Fiscalía de San Luis.
Tampoco estaban encerrados en una carcelita provisional de la Fiscalía en su local de Invivienda Santo Domingo y….¡Tampoco fueron llevados a la cárcel del Palacio de Justicia de la Charles de Gaulle!.
Todas las fuentes consultadas por Ciudad Oriental en los distintos recintos dijeron que no tenían bajo custodia a nadie que estuviera preso por “tragamonedas”.
En los roles de audiencia que son publicados en un tablón en el Palacio de Justicia no estaban los nombres de ninguno de los “22 hombres”,.
Con “22 hombres”, se llena el camión que usa la Procuraduría General de la República para trasladar los presos desde San Luis hacia el Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle.
Entonces, sería interesante que el Fiscal Milcíades Guzmán Leonardo le diga al municipio dónde están recluidos los presuntos infractores, si es que estos están presos.
Y, si no lo están, también sería interesante que le diga al país bajo cuales argumentos jurídicos los liberó.
Algo parece que no huele muy bien en este caso.
Estos cuestionamientos salen a flote porque han surgido versiones de que en la Fiscalía de Santo Domingo Este estarían cobrando, directamente, y en efectivo, multas por miles de pesos a los presuntos infractores, sin que medie una sentencia de un tribunal.
A Ciudad Oriental le ha sido entregada una copia de una presunta “Certificación de pago de multa”, fechada el 19 de diciembre de 2018.
Textualmente, la “Certificación…” dice que:
“Por medio de la presente tenemos a bien recibirle la cantidad de RD15,000.00 por concepto de multa impuesta a XXXXXXXXXX portador de la cédula de identidad y electoral No. XXXXXXX encargado y/o propietario del establecimiento comercial XXXXXXX ubicado en XXXXXXX por ser detenido en franca violación a la Ley No. 29-06, en lo relativo a la posesión de máquinas tragamonedas.
Agradeciendo su atención a la presente, se despide,
Atentamente
Sin otro particular por el momento, se despide
Lic. XXXXXXX
XXXXXXXXXXX
Debajo, el documento aporta la dirección de la Fiscalía de Santo Domingo Este y un número de teléfono.
La copia del documento entregado en formato digital, está en poder de Ciudad Oriental
Hasta donde teníamos entendido, los pagos por infracciones no se hacen de esa manera, sino en el Banco de Reservas o en el Banco Agrícola, nunca en efectivo ni a un Procurador Fiscal, como es el caso de la especie.
Vale la pregunta, en caso de que este documento sea cierto, ¿Tiene la Fiscalía la autoridad necesaria y suficiente para imponer multas y cobrarlas allí mismo en efectivo con documentos de respaldo que ni siquiera sello poseen?
¿Las multas las impone la Fiscalía o un juez tras la realización de un juicio público, oral y contradictorio?
Quizás un abogado pueda explicarnos esto mejor.
Por otra parte, en una nota de prensa entregada anoche a Ciudad Oriental por la Fiscalía de Santo Domingo Este, esta dice que “la institución recordó en ese orden, que la Ley No. 2906 que autoriza la expedición de licencia para la operación de juegos de azar, establece en su artículo 19, “Las personas físicas o los administradores de las personas morales que sean declarados culpables de violación a los requisitos y normas exigidos por la presente ley o por su reglamento, o a las obligaciones impuestas en virtud de los mismos, serán condenados a una multa de RD$100 mil a RD$500 mil o a prisión correccional de seis meses a dos años o ambas penas a la vez”.
Si el documento que le fue entregado a Ciudad Oriental, procedente de uno de los “22 hombres” arrestados, entonces, ¿Quién y por cuales motivos y amparado en cual ley produjo la rebaja? ¿Dónde fue a parar ese dinero? (si es que lo cobraron, claro está).
Inexplicable destrucción del cuerpo del delito
La Fiscalía de Santo Domingo Este distribuyó masivamente un vídeo en el que se observa al Procurador Fiscal l Milcíades Guzmán Leonardo destrozando él mismo las tarjetas de las máquinas tragamonedas de las que se incautó durante el operativo.
Esas tarjetas son sistemas electrónicos computarizados que controlan el funcionamiento de las máquinas. Ellas forman parte del cuerpo del delito, sin embargo, de manera inexplicable el fiscal dio la orden de destruirlas de manera inmediata y puso el ejemplo lanzando una al suelo y quebrándola con su pie derecho y luego golpeándola con un objeto. Luego se le ve romper otras.
¿Puede ese funcionario por su sola decisión, sin la orden de un juez, destrozar un cuerpo del delito, una evidencia incriminatoria? o ¿Debe él esperar a que un juez de la orden de que se debe proceder a su destrucción?
Primera versión dada por la Fiscalía“El fiscal titular del municipio Santo Domingo Este, Milciades Guzmán Leonardo, encabezó esta noche la destrucción de alrededor de medio centenar de máquinas tragamonedas incautadas este mismo día en distintos colmados cafeterías de barrios de este municipio. Los apresados son 22 hombres que serán multados y sometidos a los tribunales en las próximas horas. El operativo contó con el apoyo de tropas policiales y militares acompañados de fiscales de esta demarcación”.
Reitero, percibo que algo no anda bien.
Vamos a poner un par de ejemplos para ver si puedo darme a entender.
Asumamos que en un vehículo cualquiera las autoridades se incautan de una gran cantidad de droga. El vehículo es registrado y consignado como cuerpo del delito. ¿Puede un fiscal disponer de ese vehículo sin que antes un juez ordene que este deberá pasar a ser propiedad del Estado?
Seguimos con el mismo ejemplo: ¿Pueden las autoridades de la DNCD y de la PGR destruir (quemar) la droga incautada sin que medie la decisión de un juez?
Por tanto, ¿tiene el Fiscal Milcíades Guzmán Leonardo la facultad jurídica para destruir esos medios de prueba sin que antes intervenga la decisión de un juez?
¿Por cuáles motivos el magistrado Guzmán Leonardo destruyó él mismo esos medios de pruebas que deberían servir en un proceso judicial contra los presuntos infractores?
Ya que él destruyó todas las tarjedas madres de las máquinas tragamonedas, ¿Cómo puede demostrar ante un tribunal que estas estaban operativas cuando se incautó de esas máquinas?
Recuerdo que, en el Caso Paya, hasta el último día llevaron al tribunal los fusiles y otras armas supuestamente usadas en la matanza de Paya.
Era claro que esas armas eran medios de prueba a ser usados contra los imputados.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el Fiscal de SDE ha destruido él mismo y otros por su mandato todos los medios de prueba contra los presuntos infractores que, en la Fiscalía, ahora nadie ha podido decirle este jueves a Ciudad Oriental donde están ni cuándo serán presentados ante un juez.
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