Santo Domingo. – El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, mostró su propuesta de gobierno con miras a mejorar el sistema judicial del país, en la que propuso que el Procurador General de la República sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura,
Las propuestas de Abinader están contenidas en un mensaje enviado al país en ocasión de la celebración mañana, martes, del Día del Poder Judicial.
A continuación, el texto íntegro del mensaje de Abinader:
A propósito de celebrarse hoy el Día del Poder Judicial, no podemos dejar pasar la oportunidad de dejar constancia ante la opinión pública nacional, en una síntesis apretada, de nuestras propuestas fundamentales para la institucionalidad y funcionalidad de la justicia en la República Dominicana.
Varios sectores de la sociedad han expresado la necesidad de que nuestro sistema judicial sea impactado por reformas estructurales con el objetivo de eficientizarlo y despolitizarlo. En consonancia con ese reclamo, hemos mantenido un discurso sobre los elementos fundamentales que debe tocar esa necesaria reforma judicial, incluso en este proceso electoral nos hemos hecho eco de la propuesta de algunos sectores de la sociedad civil de suscribir un gran pacto por el “adecentamiento de la justicia”, en el cual los candidatos presidenciales y sectores de la sociedad plasmen una visión integral común sobre las transformaciones que requiere nuestro poder judicial.
No obstante, nuestra invitación a los demás candidatos para que formen parte de este importante acuerdo, ninguno ha respondido de manera oportuna al llamamiento, pero esto no será óbice para proseguir con nuestros reclamos y acciones a fin de alcanzar una justicia con mayores niveles de institucionalidad, transparencia y cercanía al pueblo. Es por tal razón que aprovechamos la celebración de este día a fin de expresar algunas de las propuestas de nuestra candidatura para el mejoramiento del sistema judicial en la República Dominicana.
Independencia del Ministerio Público
Hemos insistido en la idea de conformar un verdadero ministerio público independiente, que actúe al margen de los intereses políticos partidarios y cuyas decisiones no estén afectadas por elementos ajenos al ideal de la justicia, dada su condición de representante de la sociedad.
Para alcanzar este propósito se requiere que este importante funcionario sea designado por un ente distinto al Poder Ejecutivo, pues estamos convencidos de que la independencia del ministerio público no será posible si aquellos más susceptibles de incurrir en actos de corrupción por ser quienes manejan, mayormente fondos públicos, son, al mismo tiempo, de quienes depende su designación.
Nuestra aspiración y propósito es que la responsabilidad de la escogencia del Procurador General de la República recaiga sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y que su período de ejercicio sea de seis años, sin posibilidad de ser reelegido nueva vez en el cargo. Con esto lograríamos que el mismo no dependa del Poder Ejecutivo y a la vez no requiera mantener una relación “estrecha” con los sectores de poder político, ya que su designación será por un único período.
Logrando la independencia del Procurador, a la vez se podrá obtener la despolitización del ministerio público en su composición general, ya que el Consejo del Ministerio Público dejaría de estar bajo el control del Poder Ejecutivo.
En adición a la designación del Procurador el Consejo designaría dos de los procuradores adjuntos quedando la escogencia de los otros restantes en la mano del propio procurador.
No podemos obviar que la desvinculación de la Procuraduría General de la República del Poder Ejecutivo requerirá substraer de su esfera algunas de sus competencias actuales que son propias del poder ejecutivo y asignarlas a lo que podría ser un nuevo Ministerio de Justicia, el cual deberá ser responsable de la política criminal del Estado, de la supervisión del sistema penitenciario; de ejercer la representación en justicia del Estado; ser el órgano de adscripción de la representación jurídica ante los tribunales contenciosos administrativos; de la supervisión del ejercicio de la profesión de abogado; la coordinación del servicio de defensa pública, la representación del Estado ante organismos internacionales y de cooperación judicial, entre otras funciones de importancia.
Consejo Nacional de la Magistratura
En esta ola de reformas del sector justicia se hace imprescindible modificar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura con la finalidad de minimizar la influencia del presidente de turno sobre el mismo y crear una mayor pluralidad en su estructura orgánica. Nuestra propuesta en este sentido va dirigida en dos aspectos: 1) la eliminación del Procurador General de la República como miembro del Consejo, con lo cual recuperaríamos la composición inicial del organismo compuesto por siete miembros y así se evitaría el voto de desempate o doble voto que posee el Presidente de la República en los casos en los cuales exista un empate en las votaciones; 2) la sustitución como miembro del Consejo del segundo juez de la Suprema Corte de Justicia por la del presidente del Tribunal Constitucional, con lo cual lograríamos mayor pluralidad en la conformación del órgano y reconoceríamos la importancia que reviste para el sistema de justicia el presidente de nuestro mayor intérprete de la Constitución.
Suprema Corte de Justicia
Uno de los mayores retos para la real independencia del Poder Judicial es lograr que los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia no dependan del poder político, no sólo para su designación sino, más importante, para el mantenimiento de estos en el cargo.
A nuestro entender el art. 180 de la Constitución que eliminó la inamovilidad de los jueces supremos por una designación de siete años con una posible ratificación por el mismo período luego de una evaluación a ser realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura, es una distorsión de la independencia del Poder Judicial y una disposición que provoca que los jueces de esa alta corte se mantengan con altos grados de servilismo o vinculación con el poder político con la finalidad de poder ser ratificados al momento de la evaluación, la cual, es evidente, carece de objetividad y de criterio científico profesional. Si algo hay que evaluar en un juez en ejercicio que desea continuar en el cargo seria su desempeño, puesto que el hecho de haber sido designado anteriormente da por supuesto que posee las aptitudes intelectuales requeridas Entendemos que la inamovilidad absoluta de los jueces en países como el nuestro puede resultar improcedente, dado que con renovaciones programadas y reglamentadas podemos llegar a alcanzar la madurez requerida en el cuerpo de jueces supremos. Por lo tanto, nuestra propuesta es que los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean designados por un período único de 12 años sin posibilidad de ser reelegidos nueva vez en su cargo. Su designación sería en períodos escalonados similar a lo que ocurre con el Tribunal Constitucional para que la renovación del pleno sea de manera parcial y no perder la continuidad en el funcionamiento del sistema.
Por otro lado, con el objetivo de fortalecer la carrera judicial, trataremos de lograr que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia solo pueda ser ejercida por un juez de carrera y que, en consecuencia, ningún juez proveniente del ejercicio privado o del ministerio público pueda detentar esta posición. Con esto, no sólo apostamos a la carrera judicial, sino a una mayor identificación de los demás miembros del poder judicial con su órgano de dirección.
Para la consecución de estas propuestas se requerirá de una reforma constitucional para lo cual será imprescindible el compromiso y la participación de todos los sectores políticos y sociales del país, a los cuales pretendemos convocar una vez asumamos la Presidencia de la República el próximo 16 de agosto.
Estamos seguros que con la implementación de estas ideas y otras medidas que serán establecidas en nuestro programa de gobierno, a título de ejemplo mencionamos el mejoramiento de los salarios y equipamiento de los policías, modernización de los institutos de investigación forense, creación del número necesario de tribunales para una adecuada funcionalidad de la justicia, y, por supuesto el cumplimiento en la asignación de la partida presupuestaria que ordena la ley al poder judicial. Con esto lograremos una nueva ola de cambios para el sistema judicial dominicano que permitirá su institucionalización y fortalecimiento para el bien de todos los dominicanos.
Estamos convencidos de que sin una justicia digna y real el progreso de nuestro país sería una meta difícil de alcanzar.
El autor es candidato presidencial del PRM y aliados
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