Correa condenado a 8 años de cárcel por cohecho y pierde derechos políticos
QUITO.- El expresidente de Ecuador Rafael Correa ha sido condenado este martes a ocho años de cárcel como autor del delito de cohecho agravado, por el que pierde, además, sus derechos políticos durante 25 años, según dictaminó un tribunal de la Corte Nacional de Justicia.
Los tres jueces, protegidos con mascarillas y guantes, han considerado demostrado que la estructura criminal encabezada por el líder de la revolución ciudadana, varios de sus colaboradores (incluido el ex vicepresidente, Jorge Glas) y empresarios afines se beneficiaron del dinero indebido para otorgar contratos, a través de pagos en efectivo y con cruce de facturas para un total de 7,5 millones de dólares.
Correa, autor mediato por instigación del cohecho agravado, no cumplirá en principio su condena ya que se encuentra prófugo de la Justicia ecuatoriana, refugiado en Bélgica y convertido en una estrella de ‘Russia Today’, la televisión de Vladimir Putin. Ésta es la primera condena de los varios procesos contra el líder de la revolución ciudadana, quien gobernó durante 10 años el país andino en estrecha alianza con la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Una estructura criminal dedicada a captar y repartir sobornos a cambio de contratos estatales, entregados por los propios contratistas. Durante el juicio, la Fiscalía presentó facturas, contratos y los testimonios de varios arrepentidos para demostrar que los contratistas engrasaron con dinero ilícito la maquinaria de Alianza País, desde concentraciones a viajes, desde la propaganda hasta las famosas sabatinas, durante las cuales Correa impartía sus plegarias revolucionarias.
Correa y Glas, condenado también a ocho años, actuaron como instigadores de los delitos a través de sus funcionarios, quiene firmaban los contratos. Correa tenía pleno conocimiento de que en la oficina paralela de la presidencia su estrecha colaboradora, Pamela Martínez, recaudaba los fondos ilegales para su causa.
Una de las principales consecuencias de esta sentencia es la inhabilitación del líder revolucionario, que ha luchado con el apoyo de sus aliados para derribar al presidente Lenín Moreno, su primer vicepresidente que se alejó de su estela desde la propia campaña electoral que le llevó hasta el Palacio de Carondelet en 2017. La pretensión de Correa era recuperar el poder apareciendo como número dos de su alianza política, copiando la fórmula empleada por Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.
El tribunal ha ordenado abrir nuevas investigaciones al descubrir otros delitos, como peculado, y la participación de la constructora brasileña Odebrecht.
REACCIÓN AIRADA
“Este juicio es una payasada”, se adelantó Correa a la lectura de la sentencia. “Todo es falso, son los jueces prepago (nombre que se otorga a prostitutas en varios países latinos)”, descargó más tarde.
Correa aprovechó la tragedia que se vive en Guayaquil, con las morgues colapsadas y cientos de cadáveres en las calles, para arremeter contra el gobierno, apoyándose en las redes digitales del chavismo, una operación similar a la ya empleada el año pasado durante las protestas indígenas. En los últimos días los jueces de la Corte también han sufrido el hackeo de sus correos electrónicos.
La Contraloría de Quito, en la que se resguardaban las pruebas contra el expresidente, sufrió varios ataques e incendios en octubre, llevados a cabo por grupos radicales que nada tenían que ver con los manifestantes antigubernamentales.
De esta forma, el Grupo de Puebla, conformado por una treintena de dirigentes progresistas, populistas o izquierdistas, suma un nuevo corrupto a sus filas, junto al expresidente brasileño Lula Da Silva.
En la lista de espera se encuentra Evo Morales, señalado en Bolivia por el fraude electoral
de octubre pasado y por el cerco contra varias ciudades durante la crisis social y política tras su exilio a México y Argentina. El único no latinoamericano de este grupo, que traza sus estrategias a través de whassap, es el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, principal defensor en Europa del gobierno de Madur.
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