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Por: RAMÓN CRUZ BENZAN / RICARDO SANTANA
La investigación es conducida por el director del citado órgano, Juan Medina, quien ha solicitado al Consejo Superior del Ministerio Público, como medida cautelar, la suspensión de González hasta tanto concluya la pesquisa.
Medina indicó que el Departamento Antilavado continúa laborando con normalidad, aclarando que en ningún momento ha sido intervenido, como ha trascendido.
Su funsión es fortalecer de manera integral las investigaciones y acusaciones de los casos de Lavado de Activos y otras infracciones graves y procurar las sanciones que correspondan a la luz de la ley 155-17 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, sustancias controladas y otras infracciones graves, evitando así la impunidad y al mismo tiempo garantizar que este tipo de crimen no afecten la economía dominicana.
Igualmente, dar cumplimiento al Plan estratégico general de la Procuraduría en lo que es la implementación de su política criminal y particularmente el combate a la delincuencia organizada y en especial el patrimonio obtenido ilícitamente en todo el país; a través de sus fiscales enlaces en cada Distrito o Departamento judicial.
De estas imputaciones, Marmolejos ya se defendió de inicio al sostener , vía redes sociales, que no tiene “nada que ver” en el caso.
Sin embargo, el legislador, en declaraciones a medios locales, dijo que después de una reunión con la dirección de su partido, el PRM, espera por decisiones para referirse al caso.
“Hasta ahora no puedo ofrecer declaraciones”, comentó, pero siguió defendiendo su inocencia en el caso.
El Ministerio Público lo acusa de recibir altas sumas de dinero de Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado en la investigación como cabecilla de la red de narcotráfico y lavado de activos que tiene ramificaciones en Santiago.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público explicó que los presuntos involucrados en la red de narcotráfico desarticulada crearon una “poderosa estructura del crimen organizado, que ha operado de manera sistemática y bajo un esquema típico de las organizaciones criminales transnacionales, vinculado a mega operaciones de narcotráfico.
Otra de las actividades es que financiaron campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldías, consejo municipal, entre otras entidades, con el objetivo de tener incidencia y poder.
Y vadían la persecución penal de las autoridades, llamadas a evitar que ocurrieran los hechos y a investigarlos.
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