Por Carlos Julio Féliz Vidal.
El Estado ha venido destruyendo la propia base de su sustentación, la confianza pública, en la medida que ha venido, progresivamente, cediendo espacios naturales del Gobierno al Sector Privado, corriente que se inició con el presidente Leonel Fernández, que continuó el presidente Mejía y que retoman el propio Fernández, el presidente Danilo Medina y el mandatario actual, Luis Abinader.
La privatización de Fernández, los fideicomisos públicos de Danilo y Abinader y las Alianzas Públicas Privadas, podrían estar bien intencionadas, sin embargo, proyectan la idea equivocada de la poca capacidad de la administración pública para la gerencia de los bienes del Estado, cediendo atribuciones a empresarios cuyo único interés es la rentabilidad económica y no la rentabilidad social.
El patrimonio del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de la Corporación de las Empresas Estatales (CORDE), la cesión del manejo de la Corporación Dominicana de Electricidad, la privatización del sistema nacional de seguridad social y de la salud, la concesión de explotación de aeropuertos, peajes, puertos, entre otras potestades públicas, ha encarecido bienes y servicios, ha enriquecido al empresariado y debilitado la base institucional del Estado dominicano, al facilitar negocios que apuntan a la especulación, más que al bienestar general.
El Estado no tiene que ser un mal administrador, si se propone lo contrario; sólo habría que comprobar que era más humano el sistema de salud antes de la privatización, que la Uasd sigue siendo la más competente universidad dominicana, que Senasa es la más influyente aseguradora nacional, que el Banco de Reservas es el intermediario financiero más confiable del sistema nacional, para citar sólo unos pocos ejemplos que permiten apreciar que la gerencia pública puede, y debe, ser éxitosa.
El Estado dominicano no puede seguir dándose el lujo de debilitar la fe pública ni con actos de corrupción ni con improvisación administrativa, ni con la concesión caprichosa de las potestades públicas a particulares, porque de seguir ese derrotero minará su propia base institucional, que es la que justifica la delegación del poder ciudadano, que legítima que el gobierno asuma el manejo de la cosa pública y la seguridad ciudadana.
Es tiempo de revisar la tendencia de achicar el Estado dominicano, que ha venido siendo promovida por empresarios con el apoyo de políticos.
Los políticos cuestionan su propia capacidad para ocupar espacios judiciales, legislativos, electorales y de control, lo que implica que se descarten como gobernantes y vienen cediendo la administración de los bienes y potestades públicas a particulares, lo que terminará afectando las estructuras del Gobierno de la Nación y de paso arruinando la fe en la gestión pública.
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