El Ministerio Público culminó este jueves la lectura del relato fáctico de la investigación en la que individualizó, de manera pormenorizada, la responsabilidad de cada uno de los 39 imputados vinculados a la red del ciberdelito que fue desarticulada mediante la operación Discovery y que estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos.

El órgano de la acusación reiteró este jueves, al salir de la sala de audiencias, que los integrantes de la organización criminal aplicaban la «psicología del terror», en momentos en que contactaban a sus víctimas y montaban una escena dramática en la que los hacían creer que un pariente, hijo o nieto, habría sufrido un accidente de tránsito.

Con este ardid, conducían a sus víctimas a un estado de desesperación y desequilibrio emocional, para que se desprendieran de recursos económicos.

La citada estructura criminal, desmantelada mediante decenas de operativos simultáneos en el país, así como en Nueva York, Estados Unidos, se servía de redes electrónicas para cometer extorsión y sextorsión contra miles de ciudadanos estadounidenses.

La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, conoce la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público, consistente en 18 meses de prisión preventiva, además de la declaración de tramitación compleja para el proceso.

La audiencia se reanudará este viernes a las 11:00 de la mañana, cuando el órgano de la persecución penal leerá algunas pruebas pendientes, que sustentan la instancia de solicitud de medida.

Simulaban accidentes de parientes

Al ofrecer los detalles de cómo operaban los involucrados, el fiscal Claudio Cordero indicó que entre los elementos de prueba que el Ministerio Público aportó al tribunal se encuentra la traducción de un cuaderno con datos que describían ese modo operativo de la organización.

En el cuaderno establecían «qué tipo de acciones iban a utilizar, por ejemplo: llora, dile a la víctima que se murió su nieto, que tuvo un accidente; en este momento respira; haz otro drama», relató el magistrado Cordero, con respecto a la especie de manual encontrado en uno de los centros de llamada desde donde operaba la red.

Durante la lectura de las más de 300 pruebas documentales, el órgano rector de la investigación estableció que aportó elementos que evidencian la «gravísima» responsabilidad penal de los imputados sobre los hechos indilgados.

Cordero precisó, además, que los fiscales aportaron nuevas pruebas que vinculan a varios de los miembros de la estructura con otros crímenes y delitos, tales como homicidio y tentativa de asesinato, junto a certificaciones que dan positivo sobre las armas de fuego vinculadas con esas acciones y que fueron incautadas en la operación.

Acerca del imputado Josué de Jesús Marte Monsanto, quien tiene un caso abierto por violación a la Ley 50-88, tras habérsele ocupado varios kilos de drogas, explicó que el Ministerio Público solicitó la revisión de la medida de coerción que tiene por ese delito en La Vega.

Los implicados en este caso surgido de la Operación Discovery enfrentan cargos consistentes en estafa agravada, extorsión, sextorsión y lavado de activos.