El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, aclaró este miércoles que el proyecto que busca reformar la Ley 41-08,

de Función Pública en la República Dominicana, no incluirá concurso sin oposición para nuevos empleados, como se había especulado. 

Durante una entrevista en El Gobierno de la Mañana, el funcionario dejó que claro que lo que procura la normativa que se encuentra en el Congreso Nacional es que los más de 300 mil empleados que fueron nombrados de manera temporal se encuentran “en el limbo”, razón por la cual el nuevo formato le dará una salida, ya que tampoco pueden ser cancelados porque tienen derechos adquiridos.

“Hay más de 300 mil servidores públicos que han ingresado desde el 91 para acá (1991) o del 95 para acá (1995), que han ingresado y están en el aire. Y la mayoría no son perremeístas, la mayoría son de gobiernos anteriores. Entonces ¿Qué estamos haciendo?, estamos estableciendo un sistema de méritos, o sea, un concurso sin oposición donde tienen que demostrar cada uno sus méritos, para entonces incorporar a esa gente”, detalló.

Dijo que la medida lo que procura es buscarle una salida a la situación, ya que en la actualidad se está violando la Constitución, la cual establece que se deben reunir méritos para estar en la función pública. 

“Es buscarle una salida”, refirió al indagar que Chile, Colombia y España se vieron en la misma situación.

El ministro de Administración Pública reiteró que el concurso sin oposición es solo para los que están en la referida situación, ya que los nuevos empleados que lleguen al tren gubernamental a la carrera de Función Pública deberán someterse al concurso para demostrar sus méritos.    

La controversia surge a raíz de que la pieza legislativa contempla cambios que muchos consideran como un retroceso, como reza el artículo 115 del proyecto, que habla de un concurso sin oposición para entrar a la carrera administrativa.

¿Qué trae la nueva ley?

Dentro de las ventajas que el funcionarios pregona esta: eliminar los nombramientos temporales, proteger los cargos de función pública, modernizar y actualizar la Ley 41-08 a lo que estipula la Constitución del 2010.