Peralta y Jean Alain salen del bajo perfil y contratacan al Ministerio Público por la imposición de la prisión preventiva

Por: Joel Suriel. – Desde que el actual Ministerio Público se instaló en las oficinas del poderoso edificio que se encuentra en el Centro de los Héroes,

decenas de personas han pasado por la guillotina de los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, para ser acusados de corrupción administrativa.

En la mayoría de las operaciones contra la corrupción, Reynoso y Camacho han pedido la imposición de la prisión preventiva por 18 meses contra los imputados, la mayoría exfuncionarios de los gobiernos del expresidente de la República Danilo Medina, petición a la que los jueces han accedido.

Ya la totalidad de imputados en casos de corrupción cumplió la prisión preventiva, por lo que muchos se encuentran en prisión domiciliaria y otros están en libertad condicional, con impedimento de salida y presentaciones periódicas.

De la decenas de imputados por casos de corrupción, dos exfuncionarios han iniciado una embestida contra el Ministerio Público, por considerar que la prisión preventiva que les fue impuesta fue abusiva, arbitraria, ilegal e injusta.

El exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, de los casos Calamar y Medusa, respectivamente, han ido a la carga contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Solo esta semana, los dos exfuncionarios arremetieron contra el Ministerio Público y los procuradores adjuntos, mientras los otros imputados se encuentran en bajo perfil.

Mientras, Rodríguez lanzó un canal de YouTubeen el que ha hecho denuncias de lo que supuestamente pasó en el año y seis meses que duró recluído en el Centro Correccional Najayo-Hombres, el exministro Peralta dijo que por medio de la red social X (Anteriormente Twitter), irá contando a la población los padecimientos que tuvo en el mismo penal.

Ayer, Peralta, quien obtuvo su libertad bajo fianza tras 8 meses de prisión preventiva acusado de supuesta corrupción, afirmó que en los “próximos días” opinará acerca de la situación de “nuestro sistema penitenciario y el abuso de la prisión preventiva”.

Peralta dijo que también contará sobre su experiencia personal y los nuevos propósitos de vida “que he forjado en este tiempo (en prisión)”.

Asimismo, agradeció a “todos” los dirigentes y legisladores del Partido Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano, Partido Reformista Social Cristiano, entre otros, por brindarle su apoyo.

El exfuncionario fue apresado en marzo pasado junto a los exministros de Obras Públicas Gonzalo Castillo y de Hacienda Donald Guerrero, por su presunta participación en un entramado de corrupción que estafó al Estado con más de 19,000 millones de pesos.

Mientras este mismo miércoles, el exprocurador Rodríguez consideró que el incumplimiento, por parte del Estado, de la opinión de un grupo de trabajo de la ONU que solicita su puesta en libertad por irregularidades en el proceso por corrupción en su contra tendría consecuencias para el país.

Según Rodríguez, un informe emitido por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias relativo a su caso, que recomienda la inmediata liberación del antiguo procurador y “concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el Derecho Internacional”.

“El no acatar una decisión de la ONU podría generar consecuencias de inseguridad jurídica diplomática”, afirmó el exfuncionario, quien recordó que República Dominicana logró recientemente formar parte, por primera vez, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Rodríguez, que ostentó el cargo de procurador entre 2016 y 2020, está en arresto domiciliario y lleva grillete electrónico desde enero pasado, tras permanecer en prisión preventiva durante 18 meses acusado de encabezar una supuesta red de corrupción que estafó miles de millones de pesos al Estado dominicano y que se desarticuló con la denominada operación Medusa.

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