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Santo Domingo.- En medio del debate político y social que han causado las intenciones del Poder Ejecutivo de reformar la Constitución, el senador de San Juan, Félix Bautista, consideró innecesario que la Carta Magna sea modificada y llamó a la aprobación de la ley de referendo.

El Gobierno adelantó que la reforma constitucional buscaría fortalecer el artículo 124 sobre la posición del presidente de la República, para garantizar que no pueda exceder su mandato por más de dos periodos.

Sin embargo, Bautista, representante por la Fuerza del Pueblo (FP), está convencido de que es más importante en estos momentos aprobar los proyectos de ley que están pendientes, luego de la reforma constitucional realizada en 2010.

El congresista lamentó durante una entrevista realizada por reporteros de Listín Diario que las leyes pendientes, que perimen constantemente en el Congreso Nacional, sean provocada por la inacción de sus miembros, generando una deuda irreparable con el desarrollo sostenible de la sociedad dominicana.

Mientras tanto, ambos hemiciclos del Congreso Nacional se mantienen a la espera de la llegada del documento. Así lo aseguraron en días pasados los presidentes, Alfredo Pacheco, de la Cámara de Diputados, y Ricardo de los Santos, del Senado de la República, quienes, incluso, no descartaron la posibilidad de que “algunas” reformas llegaran antes del 26 de julio, fecha en la que culmina la legislatura de este periodo.

En tanto, Bautista dijo que en, el caso de que el Gobierno insista en la concretización de la transformación constitucional, deberán hacerlo a través de un referendo y plebiscito, ya que así se garantizará la voluntad del pueblo dominicano.

“En los mejores países donde la democracia funciona bien casi todo se le consulta al pueblo. ¿Por qué tendríamos como obviarlo ahora? Tiene que hacer un plebiscito para que el pueblo diga sí o no y luego un referendo constitucional aprobatorio que lo hace es que valida que la gente diga que sí”, expresó.

El referendo y plebiscito son proyectos de ley que vienen conociendo y estudiando las cámaras congresuales desde hace años, sin lograr su sanción favorable.

Aprobación del referendo

Mientras, el Gobierno depositó en 2023 un proyecto de ley del referendo que se encuentra en la Cámara de Diputados, aprobado en primera lectura y con la posibilidad de que perima al finalizar esta legislatura. Bautista cree que la manera ideal de aprobar esta iniciativa es incluyéndola en un “Código de Democracia Directa”. Según indica este conjunto de proyectos de ley realizado por senador, el objetivo sería regular y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participación ciudadana y los mecanismos de control social establecidos por la Constitución.

La propuesta dividirá los mecanismos de participación en nacional, local y de control ciudadano, en los que se contemple la iniciativa legislativa popular, referendo aprobatorio constitucional, referendo ordinario, plebiscito nacional, iniciativa normativa municipal, referendo local, cabildo abierto, consultas populares, entre otras medidas.

A pesar de que cuestiona al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por no direccionar a sus legisladores para favorecer a este código de ley, Bautista reconoció que fue un error de los exmandatarios Danilo Medina y Leonel Fernández no aprobar, durante sus periodos gubernamentales, el proyecto que convierte en ley el referendo, teniendo en cuenta que gobernaron en el país contando con la mayoría a su favor en la entidad bicameral.

“Pacto fiscal es necesario”

A las diferencias del intercambio de ideas sobre la modificación de la Constitución es incluido también el intercambio de pensamientos relacionado a la “imposición” de las autoridades en aplicar una reforma fiscal.

No obstante, Bautista entiende que, más que una reforma fiscal, las autoridades gubernamentales deben acordar con los diversos sectores de la sociedad un pacto fiscal, de acuerdo con lo establecido por la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Sin embargo, aclaró que está dispuesto a conocer las agravaciones tributarias concebidas por el Gobierno, siempre que no afecten en demasía las condiciones de vida de la clase baja y media de la sociedad.