
Operativo judicial cuestionado
El operativo se realizó bajo la orden de la jueza Eridenia Ortiz Vargas, quien autorizó que la menor fuera retirada de la casa de sus abuelos en Barahona. Según la familia, la acción liderada por la fiscal Sonia Herasme no solo fue ejecutada con violencia, sino que tampoco se brindaron detalles sobre el destino de la niña, quien habría sido trasladada a un lugar desconocido en Montecristi.
De acuerdo con Manuel Odalis Ramírez Arias, abuelo de la menor y abogado en ejercicio, el procedimiento ignoró documentos legales emitidos en Estados Unidos y legalizados por las autoridades dominicanas que establecían su derecho a la guarda temporal de la niña. “Nos sentimos desamparados. Las autoridades no respetan ni siquiera sus propias leyes, y nuestra nieta lleva días desaparecida”, expresó Ramírez Arias.
Antecedentes de una gestión polémica
Sonia Herasme ya había sido señalada en ocasiones anteriores por decisiones que, según críticos, muestran un patrón de actuaciones arbitrarias y una justicia selectiva. Diversas fuentes afirman que su desempeño ha generado malestar tanto en familias como en abogados de la región, quienes consideran que su papel en casos de menores refleja una aplicación de la ley más motivada por intereses personales que por el bienestar de los niños.
Reacciones internacionales
El abogado estadounidense Albert Robles calificó el caso como una flagrante violación de los derechos de la menor como ciudadana estadounidense. Robles instó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a intervenir, afirmando que el hecho de que un poder emitido por un consulado dominicano sea ignorado representa un peligroso precedente.
Madre de la niña exige justicia
Desde Nueva York, Yadelin Yelissa Feliz Feliz ha alzado su voz, solicitando la intervención directa del presidente Luis Abinader para esclarecer la situación de su hija. Feliz Feliz sostiene que el operativo de CONANI, encabezado por Herasme, no solo fue injustificado, sino que también ha puesto en peligro la integridad de la menor.
Clamor por una investigación independiente
Diversas organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han comenzado a exigir una investigación independiente sobre las actuaciones de la fiscal Sonia Herasme y el CONANI en este caso. También piden que se revisen los procedimientos judiciales aplicados en Barahona, una provincia que en los últimos años ha sido foco de denuncias por irregularidades en el manejo de casos de menores.
El caso sigue generando controversia, con miradas puestas tanto a nivel nacional como internacional. La madre de la niña, la familia paterna y los abogados de ambas partes han coincidido en un llamado unísono: que se garantice el respeto a los derechos de la menor y que se ponga fin a este calvario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario