(PRD), Salim Ibarra, planteó la necesidad de que perfeccionen y modifiquen con nuevas propuestas el proyecto de Ley de Partidos,

SANTO DOMINGO.- El secretario nacional de Asuntos Legales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Salim Ibarra, planteó la necesidad de que perfeccionen y modifiquen con nuevas propuestas el proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Garantías Electorales, así como la reforma de la Ley Electoral.

Para Ibarra, la iniciativa que busca modificar el sistema electoral no contempla situaciones como las ocurridas en el pasado proceso electoral, cuando algunos sectores políticos iniciaron acciones de boicot a falta de pocos días para las elecciones, hechos que fueron denunciados de manera pública por el propio presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario.

El secretario legal del PRD abogó por la inclusión de varios puntos en el proyecto legislativo, como que las solicitudes de carácter técnico que los partidos políticos hagan a la JCE, y que puedan alterar el cronograma electoral, se presenten por escrito un mínimo de dos meses antes de la celebración de los comicios y debidamente sustentados.

Otro aspecto propuesto es que se establezca de manera formal y precisa la facultad de la JCE para decidir sobre la tecnología a utilizarse en el proceso de sufragio, escrutinio y transmisión de la votación, siempre resguardando el derecho de los delegados de los partidos y agrupaciones para realizar impugnaciones en las mesas de votación.

El PRD propuso que el personal técnico que maneje los equipos tecnológicos en los recintos electorales sean empleados fijos de la JCE y de las diferentes universidades e institutos de formación técnica del país.

Además, el PRD planteó que los equipos tecnológicos se instalen y se prueben al menos un día antes del inicio del proceso de votación, con el fin de que cualquier fallo o eventualidad en los mismos pueda ser detectado y corregido.

Ibarra indicó que la experiencia del pasado proceso electoral debe servir para establecer disposiciones legales que blinden a la República Dominicana de actuaciones de sectores políticos que, al saberse de antemano derrotados, pretendan volver atentar en el futuro contra la estabilidad democrática del país.