SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una querella disciplinaria fue presentada este jueves ante la Dirección de Persecución del Ministerio Público, contra la fiscal titular de La Romana, por incurrir en supuestas faltas graves en sus funciones ya que ha impedido que se le conozca medida de coerción al señor Juan Tomas Richiez Ditren, detenido desde agosto del pasado año, por lavado de activos.
Los abogados querellante solicitaron además que la magistrada Reina Yaniris Rodríguez, sea suspendida por un plazo de 90 días sin disfrute de sueldo mientras se realiza una investigación en su contra.
Destacaron que Richiez Ditren, es un destacado comerciante dominicano, que desde hace varios años se dedica a actividades de negocios en la provincia de La Romana.
Se recuerda que Richiez Ditren, fue trasladado según abogados el sábado 04 de mayo de 2019, de manera ilegal, arbitraria y sin orden judicial motivada, por instrucciones de la Fiscal de La Romana.
Salvador Catrain en varias ocasiones ha denunciado que “la fiscal de La Romana, tiene los jueces penales secuestrados, amordazados, amenazados y por eso el día de hoy ese magistrado se inhibió, no tuvo ninguna razón de Derecho para inhibirse”.
Dijo que el respeto a los derechos fundamentales, está por encima de todo porque se trata de un aspecto amparado por la Constitución de la República y el juez se inhibe por la presión que ejerce en él y con todos los jueces la fiscal Rodríguez Cedeño.
Sostuvo que Richiez Ditren, está prácticamente secuestrado, sin orden de un funcionario judicial competente del recinto carcelario de La Romana y llevado al Centro Correccional Anamuya, sin orden judicial escrita y motivada.
“Ese reo no tiene medida de coerción ni tampoco está condenado por lo que no puede ser sometido al régimen penitenciario del nuevo modelo como lo ha sometido la fiscal Rodríguez Cedeño”. expresó
Los abogados fundamenta su solicitud en el artículos 65 y siguientes de la Ley 137-11, y 72 de la Constitución de la República, y demás, luego de comprobar arbitrariedad e ilegalidad del traslado y movilización de dicho imputado y las violaciones constitucionales al efecto que se han cometido en contra de dicho ciudadano y de sus derechos fundamentales.
Este recluso tiene nueve meses guardando prisión sin conocerle medida de coerción, algo que según abogados ha visto en el sistema de justicia de la República Dominicana.
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