Santo Domingo. – Hasta la redacción del periódico Sin Cortapisa llegó la información de que el candidato a la presidencia de la República Dominicana, Gonzalo Castillo, fue incluido en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU, OFAC, que lo menciona como responsable en el escándalo de corrupción por haber recibido soborno de US$ 39 millones por parte de la empresa Odebrecht en 2014, cuando se abrieron las licitaciones para la construcción de Punta Catalina.
Asimismo, el informante indicó que Gonzalo Castillo Terreno, nacido el 20 de noviembre de 1960 en Barahona, aspira a gobernar a la República Dominicana de la mano del actual presidente Danilo Medina, pero tiene en su haber la mancha de estar involucrado como ministro de Obras Públicas en esta trama de corrupción que ha tocado a varios países y del que dominicana no se ha salvado. Rubén Jiménez Bichara, nacido el San Juan de la Maguna en 1958 y quien fuera Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales estuvo a cargo de la adjudicación.
Odebrecht, envuelta en uno de los más grandes escándalos de corrupción que se han destapado a nivel nacional e internacional, facilitó US$17 millones al ministro Castillo y US$20 millones al intendente de electricidad Bichara, para lograr ser beneficiados con el contrato de la termoeléctrica.
Ambos funcionarios de la administración de Medina ahora tienen prohibido el ingreso a los EEUU, sus cuentas en este país serán congeladas y se les abrirán sendas investigaciones por el caso de sobornos, según refleja la decisión del Departamento del Tesoro a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Según la investigación en Brasil que develó toda la trama de corrupción, en el caso de la construcción de Punta Catalina la empresa comenzó a desembolsar los pagos ocultos para estos dos funcionarios en enero del 2014, justo un mes después que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) le adjudicó la obra al consorcio formado por la constructora brasileña y las empresas Tecnimont S.p.A. e Ingeniería Estrella S.R.L. Los pagos, que comenzaron en enero y terminaron en diciembre del 2014, coinciden con el momento en el que el contrato de Odebrecht tendría que ser conocido y aprobado en el Congreso Nacional.
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