Ramón Núñez Ramírez
Las declaraciones del senador Republicano por el Estado de la Florida, Marco Rubio, el Informe del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos,
la posición de la Agencia para los Refugiados de la ONU y Amnistía Internacional, apuntan a un incremento de las presiones para que el gobierno flexibilice aun más su política migratoria y permita el ingreso de millones de haitianos.En esta etapa primero fue la Agencia para los Refugiados de UN (ACNUR) quien pidió al país aceptar refugiados y suspender las deportaciones, no se lo pidió a los EEUU, a Las Bahamas, a Jamaica, a Turcos y Caicos ni a otro país que ejerza su soberano derecho a deportar las personas en situaciones de ilegalidad.
Luego Amnistía Internacional acusó al país de deportaciones por razones de racismo, detención y deportación de embarazadas, cuando el 35% de los partos en nuestras maternidades es a haitianas indocumentadas, vuelven con el tema de la apatridia cuando ellos saben perfectamente que todo hijo de haitiano o haitiana que nazca fuera de su territorio es de nacionalidad haitiana por el “jus sanguinis”, en RD no hay un solo ciudadano apátrida, y me quedo ahí con la multiplicidad de acusaciones infundadas y maliciosas.
El senador Marco Rubio (R) La Florida con sus declaraciones se ha convertido en el mejor defensor del país: “La isla enfrenta una gran presión migratoria del vecino Haití, que prácticamente se ha hundido en la anarquía. El presidente Luis Abinader ha dejado claro que protegerá la soberanía dominicana imponiendo las deportaciones. Sin embargo, la Administración Biden, influenciada por grupos radicales de izquierda como Amnistía Internacional, está instando a que acepte a tres millones de haitianos en cualquier momento”.
“Esto es injusto para la República Dominicana, que es un país en desarrollo con recursos limitados y que ya tiene obligaciones importantes con Haití…..más de un tercio de todos los nacimientos en RD, son actualmente de mujeres haitianas”
Nadie le respondió, ni un homólogo demócrata, ni un vocero del Departamento de Estado, simplemente una funcionaria de tercera categoría, consejera de Asuntos Públicos, de una embajada que carece de embajador hace cuatro años.
Esa misma semana publicaron el Informe del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos a nivel mundial y en relación al país nos acusa, entre otras, de tratos degradantes y abusos físicos a personas de ascendencia haitiana, deportación ilegal de niños, mujeres embarazadas y ancianos y que personas por su tez oscura, dominicanos y residentes legales, detenidos arbitrariamente; además las medidas tomadas por el Gobierno dominicano en septiembre 2023 “puso en mayor riesgo a poblaciones de por si ya eran vulnerables”.
El país más racista, donde es frecuente el asesinato de afroamericanos a manos de la policía y donde en un video en el Rio Grande enlazaban como ganado a inmigrantes ilegales, especialmente haitianos, no tiene calidad moral para hablar de esos temas.
Las presiones seguirán, no se descartan sanciones económicas, porque pretenden llevar el país a un “cul de sac”, para que aceptemos de una vez y para siempre toda la población haitiana que por razones de violencia o económica huyen de su territorio.
Gobierno y país debemos estar preparados para el estrechamiento del cerco y la respuesta debe ser más deportaciones, apresar a los traficantes, imponer el orden en los militares y comenzar a desmantelar el medio centenar de “gettos” de haitianos ilegales.
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